La plataforma representativa de la discapacidad señala que esta situación, que hoy es la excepción y por eso llama la atención, debería ser un hecho cotidiano si nuestro sistema de representación y participación políticas no excluyera todavía férreamente a las personas con discapacidad, sobre todo si presentan una discapacidad intelectual.

 

El CERMI espera que el caso de Ángela Bachiller, que será concejala el próximo lunes, sea la expresión de la avanzadilla de un proceso de acceso y presencia de personas con discapacidad en la gestión de los asuntos públicos, que tiene que intensificarse y acelerarse en los próximos años.

Paradójicamente, mientras Ángela Bachiller asume esta responsabilidad política, la legislación electoral española permite privar del derecho de sufragio a otras personas con discapacidad, ya que nuestro sistema, violando los derechos humanos, las  excluye de la participación política.

 

El CERMI viene exigiendo la reforma urgente de la ley electoral para ninguna persona con discapacidad se vea apartada del derecho al sufragio, puerta de entrada a la participación política.